Organizaciones de la sociedad civil reiteramos al SAT nuestra demanda para que amplié el régimen de donatarias autorizadas

13 Jul 2012 - 10:50am -- Bernardo Padron
COMUNICADO Ciudad de México, 13 de julio de 2012
 
Lic. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Jefe del Servicio de Administración Tributaria
Presente
 
El pasado 10 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo de inconstitucionalidad del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Con esto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que había desacatado por meses la resolución del IFAI para que diera a conocer los nombres de los contribuyentes a quienes les otorgó créditos fiscales por más de 73 mil millones de pesos, puede seguir manteniendo en secreto esta información. Además de constituir un grave retroceso en la lucha por la transparencia gubernamental, los hechos evidencian que el régimen fiscal mexicano no es democrático ni justo, sino muy inequitativo: mientras que el SAT condona miles de millones de pesos a ciertos contribuyentes, no autoriza a muchas organizaciones de la sociedad civil (OSC), que realizan actividades de interés público sin fines de lucro, para que otorguen recibos deducibles de impuestos a sus donantes privados.
 
A pesar de la importante contribución que hacen las OSC a la sociedad mexicana, muchas no pueden acceder al régimen de donatarias autorizadas. Muchas, incluso, ni siquiera pueden ser consideradas como personas morales con fines no lucrativos, de conformidad con el Título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR); entre ellas, se encuentran organizaciones sociales que tienen como fin promover la participación cívica, defender los derechos de los consumidores o la libertad de expresión y prensa, fortalecer a otras OSC o fomentar la educación. Este régimen fiscal obsoleto no estimula la filantropía y niega el derecho a gozar de estímulos fiscales a la mayoría de las OSC.
 
El SAT, que condona grandes deudas a ciertos contribuyentes, no ha accedido a ampliar el régimen de donatarias autorizadas, ni siquiera a eliminar algunos requisitos para facilitar los trámites a las OSC que sí pueden ser autorizadas. En términos de transparencia, contrario a la negativa del SAT de proveer la información sobre los créditos fiscales, ahora avalada por la sentencia de la Corte, las organizaciones que ya son donatarias autorizadas hacen pública su información financiera en el portal del SAT, de conformidad con el artículo 97 fracciones VI y VII de la LISR.
 
La estrechez del régimen de donatarias no se justifica tampoco en términos económicos. Según diversos estudios, el monto de la deducibilidad de las donaciones filantrópicas en México representa apenas 0.06% del PIB, proporción muy baja en comparación con los datos de otros países. Más allá de los cálculos, la recaudación fiscal tiene como fin último la justicia social y, si el régimen fiscal promoviera las donaciones privadas para OSC, se incrementarían los recursos disponibles para lograr ese objetivo. La cantidad, marginal en todo caso, de recursos que el gobierno dejaría de percibir se compensaría e, incluso, se superaría por el sustancial incremento de los recursos que se dirigirían —y que, de hecho, ya se dirigen— a fines que el propio gobierno ha aceptado como deseables y prioritarios en su búsqueda por una mayor justicia social.
 
Por lo anterior, reiteramos la demanda que un amplio grupo de OSC hemos hecho en varias ocasiones, tanto al SAT, como a los legisladores, de modificar el Artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir todas las actividades que realizan las OSC que ya están reconocidas en el Artículo 5º. de la Ley de Fomento como de interés público y susceptibles de recibir apoyos y estímulos gubernamentales. Debido al periodo tan corto que resta a la administración federal actual, le solicitamos que desde el Ejecutivo se construya una iniciativa de ley en este sentido antes diciembre del año que corre.
 
Esperamos su respuesta y le enviamos saludos cordiales
 
Grupo promotor del Colectivo Fortaleciendo causas ciudadanas
Alianza Cívica, A. C.
Alternativas y Capacidades, A. C.
Centro para el Fortalecimiento de Organizaciones Civiles, A. C.
Dejemos de Hacernos Pendejos, A. C.
Género y Desarrollo, A. C.
El Poder del Consumidor, A. C.
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A. C.
Instituto para la Seguridad y Democracia, Insyde A.C.
Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer, Semillas A.C.
 
En septiembre de 2011 enviamos una petición a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso con más de 300 firmas.
 
ccp. Lic. Jorge Alberto Lara Rivera
Mtra. Valeria Arroyo Lara
Giuliano Lopestri Goraieb
Lic. Vanessa Rivadeneyra Navarro
Dr. José Antonio González Anaya
Lic. José Luis Trejo Porras
Lic. Ana María León Miravalles
Emb. Juan Manuel Gómez-Robledo
Lic. Miguel Díaz Reynoso

 

 

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