Leyes y apoyos de gobiernos estatales para fomentar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en México

“El marco fiscal no se ha renovado para constituirse en una herramienta de fomento a las actividades de las OSC, con mecanismos para reducir su carga impositiva y fomentar las donaciones privadas, en virtud de su carácter no lucrativo y por la contribución que hacen al desarrollo del país.”

A lo largo de la región latinoamericana la participación de sociedad civil organizada (SCO) ha sido fundamental en diversos sucesos históricos: a lo largo de las transiciones a gobiernos democráticos, con sus contribuciones en la reducción de la desigualdad social y de género, en su esfuerzos para la pacificación de contextos de violencia y en la construcción de procesos de justicia, memoria y no repetición. 

Drealizar un recorrido crítico sobre las acciones que se han impulsado en México a lo largo de los distintos sexenios para fomentar el asociacionismo independiente. Sin embargo, hemos documento cómo los últimos años las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han atravesado múltiples regresiones a la normativa legal y fiscal que rige su labor, escalando hasta la violencia explícita que atraviesan activistas y personas defensoras de derechos humanos.

A través un acercamiento a la realidad del sector a nivel nacional y el seguimiento de las iniciativas estatales de fomento deseamos conocer las posibilidades que existen para sumar esfuerzos, modificar y replantear programas y leyes que contribuyan al fortalecimiento del trabajo de las organizaciones y que potencien el alcance de sus actividades. 

Nuestra propuesta busca ampliar la participación de las OSC en la escena pública para que agentes gubernamentales, academia y organizaciones, tracen de forma colectiva rutas de cambio y alianzas de mediano y largo plazo para emprender proyectos comunes que fortalezcan la libertad de asociación y, en consecuencia, abonen a la transformación social del país.