En los últimos días se han generado dudas sobre las diversas políticas públicas que existen para fomentar un entorno propicio para el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad civil organizada.
Para abonar a la discusión y análisis presentamos un resumen de nuestras publicaciones Fortalecimiento de la ciudadanía organizada: diagnóstico y reformas propicias para un ambiente propicio en México y Retos institucionales del marco legal y financiamiento a las organizaciones de la sociedad civil, en el cual resaltamos los elementos principales que se establecen en la actual Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFOSC), así como la importancia de esta para generar un ambiente propicio para las sociedad civil organizada en México.
La Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSCs (LFOSC) representa un esfuerzo de más de una década de debates y diálogo que comenzó desde 1995 e involucró los esfuerzos de OSC, varias dependencias del Ejecutivo y el Congreso de la Unión.
La LFOSC fue una iniciativa promovida desde las propias organizaciones ante la necesidad de un marco jurídico adecuado, que reconociera su valor y fomentara las actividades sin ánimo lucrativo que desde la sociedad civil se llevan a cabo a favor del desarrollo del país. El proceso de elaboración de la iniciativa legislativa, su negociación y aprobación fueron sumamente largos, donde estuvieron presentes una variedad de perspectivas, problemas y visiones reflejados en los distintos anteproyectos que tuvieron lugar.
¿Qué establece la actual Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil?
La actual Ley reconoce derechos (artículo 6) y obligaciones (artículo 7) de las organizaciones de la sociedad civil.
¿Cuáles son los derechos de las organizaciones que reconoce la actual Ley?
¿Qué obligaciones establece para el gobierno federal?
Esta Ley también establece la obligación del gobierno federal de fincar las bases para que la APF fomente las actividades de las OSC, entre otras, la coordinación de funciones de las distintas instancias gubernamentales.
¿Cómo se implementa la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil?
La Ley creó tres nuevas instituciones, buscando apoyar el trabajo de las OSC:
1. Comisión de Fomento de las Actividades Realizadas por las OSC
•Objetivo: Coordinar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades de las OSC.
•Integrantes: Se integra por por un representante, con rango de Subsecretario u homólogo, de las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), Gobernación (SEGOB), Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores
•Secretaría Técnica a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo Social (artículo 7. V Acuerdo de organización y funcionamiento interno Indesol)
2. El Registro Federal de OSC
•Objetivo: Proveer de información a las dependencias y entidades gubernamentales, a las OSC y a la ciudadanía.
•En este Registro deben inscribirse, de manera voluntaria, las OSC que cumplan con los requisitos de la Ley y que deseen recibir apoyos y estímulos del gobierno federal
3. Consejo Técnico Consultivo (CTC) del Registro
•Objetivo: Ser un órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que puede proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la administración, dirección y operación del Registro.
•Integrantes: El Consejo del CTC es presidido por un servidor público designado por la Comisión de Fomento y se integra por representantes de OSC, representantes de los sectores académico, profesional, científico y cultural y representantes del Poder Legislativo Federal.
¿Por qué es importante para la sociedad civil organizada?
Algunos consideran esta ley el equivalente a la reforma electoral de 1977, pues fundamentada en los artículos 9º, 25º y 26º de la Constitución Política Mexicana, reconoce explícitamente las actividades de las OSC como de interés público y a las OSC como interlocutoras del gobierno en la formulación e implementación de políticas públicas. Además, contar con un marco legal y un diseño institucional que soporte su implementación es un avance hacia el fortalecimiento de la relación no clientelar entre las organizaciones y el gobierno.
