En los últimos meses, la sociedad civil organizada (SCO) ha atravesado un contexto adverso no sólo por los efectos económicos que ha ocasionado el virus de Covid-19, sino también por las acciones gubernamentales que han disminuido el acceso a recursos públicos y la aprobación de disposiciones fiscales que cada año cierran las posibilidades de acceder a diversas fuentes de financiamiento. Si bien las restricciones al espacio cívico han sido una constante desde sexenios anteriores a la actual administración1, existe una continuidad en las políticas que año con año se acentúan y obstaculizan la labor del sector.
Actualmente, el sector de organizaciones de la sociedad civil (OSC) está pasando por una coyuntura política importante, impulsada por la aprobación, en la Cámara de Diputados, de la reforma al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), que busca que el porcentaje deducible en donativos individuales a donatarias autorizadas que hasta ahora es del 7%, se integre al límite fiscal del 15 % total de deducciones para personas físicas.
La reforma al artículo 151 podría afectar el desarrollo de la cultura de la donación en el país al limitar los incentivos fiscales para las personas que están comprometidas con las causas sociales, impactando así en el trabajo de miles de donatarias autorizadas2, donde 8 de cada 10 brinda servicios de necesidad inmediata, aportan a la generación de bienestar económico, social y cultural, y buscan la defensa de los derechos fundamentales de la población, adquiriendo un papel relevante en la vida social y económica del país.
Tan solo en 2019, cerca de 42 millones de personas en situación de vulnerabilidad fueron beneficiadas por 1, 509 organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo con el informe elaborado por PULSO OSC3 para conocer el impacto social de la pandemia de Covid-19 en las acciones de la sociedad civil organizada.
La relevancia de continuar impulsando la emergente cultura de la filantropía en México se ve reflejado en datos como que solo el 21% de los recursos obtenidos por las organizaciones provienen de donativos y el 79% restante corresponde a ingresos autogenerados (por ejemplo: venta de productos, impartición talleres, rifas, etcétera). Por otra parte, 1 de cada 2 organizaciones recibe apenas 100 pesos al año por concepto de donativos, mientras que solo el 25% tienen ingresos por más de 800 mil pesos en el mismo rubro4.
La propuesta de reforma al artículo 151 de la LISR es una medida que se sumó a la serie de barreras que enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil para desempeñar nuestro trabajo. Particularmente, forma parte del conjunto de reformas aprobadas en la Miscelánea Fiscal 2021, las cuales han tenido importantes implicaciones en el desarrollo de nuestra labor social.
Aunque las motivaciones de las personas para donar van más allá de la deducibilidad, en México la cultura de la donación es aún incipiente, por eso es importante promover la generación de políticas e incentivos fiscales que favorezcan la filantropía y el quehacer diario de la SCO.
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, así como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) establecen que los beneficios fiscales son una herramienta para promover el derecho de asociación. El Relator Especial señala la necesidad de que los Estados no utilicen la presión fiscal para disuadir a las asociaciones de recaudar fondos, en particular del extranjero. Actualmente, varios Estados conceden a las asociaciones exenciones y privilegios fiscales y de otra índole (por ejemplo, Bulgaria y Lituania).
El Relator también menciona que los incentivos fiscales hacia las organizaciones de la sociedad civil son “parte de la promoción de los derechos humanos a través del ejercicio del derecho de asociación”. Por su parte, la CIDH considera que los Estados deben procurar “eximir de impuestos a las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Para que la sociedad civil organizada siga desempeñando su labor para el cambio social, es necesario contar con un espacio cívico sano y abierto. Lo que implica contar con leyes y políticas que favorezcan y reconozcan el trabajo de la sociedad civil organizada para fomentar su crecimiento y desarrollo.
Exhortamos a los Senadores de la República a promulgarse por la no inclusión del 7% de donativos dentro del límite del 15% de los ingresos o de las cinco UMAs, dado que es importante fomentar un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil en México y promover la cultura de las donaciones individuales.
#ElSieteImporta
#SíConLaSociedadCivil
Contacto de prensa
Abril Rocabert Monroy (Coordinadora de Comunicación en Alternativas y Capacidades A.C.)
Atentamente,
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1 El presidente Felipe Calderón Hinojosa propuso una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta en 2013 para dar un trato fiscal igual a las OSC que a las empresas lucrativas y durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto el tema de las OSC se encontraba en los últimos lugares de prioridad y agenda gubernamental.
2 Una donataria autorizada es una organización de la sociedad civil que puede expedir recibos deducibles de impuestos a los donantes. Las facultades de las donatarias autorizadas están escritas en la Ley de Impuesto sobre la Renta en el título III.
3 Informe de la encuesta «Información de las OSC para las OSC» (2019). Pulso OSC. Disponible en: https://pulsoosc.org/
4 Martínez, B. y Revilla, D. (2020). Datos a la Vista II. Alternativas y Capacidades A.C. Disponible en: https://alternativasycapacidades.org/inicio-datos
