Por Aede Hatziri Recillas Ayala, Directora General de Dakshina, A.C.
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El contexto general de desarrollo para la sociedad civil organizada (SCO) en México es adverso según los reportes de diversos ejercicios de investigación, entre los que podemos encontrar el “Índice de Sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad CIvil para México” diseñado por la United States Agency for International Development Bureu for Democracy (USAID), que sitúa en 4.5 a las organizaciones de nuestro país siendo 1 la calificación más alta y 7 la más baja.
Se vuelve prescindible recalcar que las características locales en el caso de Michoacán complejizan el escenario operativo de este tipo de agrupaciones: la seguridad pública, la diversidad del territorio con 113 municipios habitados por 4.7 millones de personas (entre ellas poco más de 150 mil pertenecientes a pueblos indígenas purépechas, náhuas, mazahuas, mixtecos y otros grupos minoritarios), la variedad de climas y recursos naturales (mirados de manera extractivista por algunos grupos), las 16 ramas artesanales que validan su riqueza cultural, la presencia de uno de los puertos marítimos más importantes del país, la migración de la población varonil hacia los Estados Unidos de Norte América (en busca de mejores oportunidades) y la producción de cultivos agrícolas (en los que convergen intereses económicos suntuosos).
Ante este contexto, la SCO en Michoacán tiene un papel crucial en el desarrollo local comunitario, justo y equitativo, lo cual significa un reto ineludible de fomento y fortalecimiento que como sociedad debemos abrazar y defender al ser parte del ejercicio de nuestros derechos fundamentales: la libre y legal asociación. En este sentido tenemos como referencia del trabajo pendiente y que está en nuestras manos, el “Índice de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil” (IFAOSC) en donde Michoacán se ubica en la posición 24 a nivel nacional con 18.61 puntos sobre 100.
El reto de construir un entorno habilitante que propicie el desarrollo de la SCO en Michoacán es ambicioso y requiere de un tejido fino con disposición de escucha, diálogo y reflexión entre los diferentes actores que integramos el ecosistema en el que operan. Gobierno, fortalecedoras, financiadoras y las mismas agrupaciones tenemos la responsabilidad de mirar las realidades en las que estamos viviendo y lo importante de co-construir un camino juntas que contribuya al bien común en el estado.
Tenemos un marco normativo promedio, comparado con el estándar nacional, que carece de vinculaciones activas y efectivas de las diferentes dependencias de gobierno, quienes deberían articularse para definir acciones programáticas de fortalecimiento que mejoren las posibilidades de transformación social de la SCO con una propuesta de servicios sólida y sostenible.
Lo más robusto del problema en este momento es la identificación de los actores activos del sector en sus diversas formas organizativas: donatarias, organizaciones constituidas como entidades sin fines de lucro, cooperativas, activistas, colectivas, redes, etcétera. Nos encontramos ante un escenario en el que los números que nos podrían ayudar en la articulación de acciones es divergente y, en consecuencia, poco confiable.
Contamos con los datos del Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (RFOSC) que reporta 1,784 organizaciones, de las que 1,560 están inactivas, 156 se reportan como activas, 67 activas condicionadas y una cancelada del registro por disolución de la persona moral. Por otra parte, los datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportan 294 donatarias autorizadas, de las cuales 71 no recibieron donativos durante el ejercicio 2022.
¿Cuáles serían las mejores acciones de fomento y fortalecimiento? Ante estos datos que de entrada son reveladores por su propia discrepancia: ¿Quiénes son las 223 OSC que han logrado diseñar un modelo operativo viable en Michoacán? ¿Cuáles son sus mejores prácticas y aprendizajes? ¿Qué pasa con las 71 donataria que durante 2022 no lograron movilizar donativos para su operación? ¿Operan las 156 organizaciones activas en el RFOSC? ¿Cuántas agrupaciones legales, pero no constituidas están operando en el estado y cómo solventan sus actividades programáticas?
Un enfoque integral de fomento y fortalecimiento para la SCO en Michoacán debe incluir la visión de los diversos actores del ecosistema, pero sobre todo la de las propias agrupaciones y activistas. Espacios de diálogo, encuentro e identificación de las realidades en las que operamos la SCO en el estado serán parte de los ejercicios clave para lograr una agenda conjunta.
Los datos de partida con los que contamos son sin duda un referente que nos permite trazar posibilidades para robustecerlos en el cruce con datos nacionales y de estados con los que compartimos ciertas características. También están los estándares internacionales, lo que esperan los financiadores y el contexto regional del entorno habilitante y el espacio cívico en Latinoamérica que, si bien no son determinantes para nuestro país y para Michoacán, si son importantes de analizar y reflexionar tanto para determinar hacia donde queremos tender la mirada, como para identificar narrativas a trabajar colaborativamente con los actores que tengan la apertura a la construcción colectiva.
El primer y evidente reto es contar con un registro estatal confiable, accesible y de fácil actualización que permita mantener un ejercicio de comunicación activo para articular acciones de corto plazo entre las interesadas. Así mismo, es indispensable trazar la visión del escenario que buscamos como sector con la identificación de estrategias para lograr avances concretos que se puedan evaluar y ajustar según las necesidades de las agrupaciones y los cambios de dinámicas en el entorno. Este es un reto que viene mandado en la normativa del estado, por lo que debería ser una meta sencilla de articular.
En tanto, es de celebrarse los primeros acercamientos que van surgiendo entre las agrupaciones mismas de la entidad como es el caso de la colectiva Todas y Todos por los Derechos Humanos en Michoacán (TODEHUMI) y convocatorias de redes nacionales como Causas Ciudadanas que recientemente invitó a un diálogo local al que llamó Tejiendo Resiliencia para la SCO. Este se celebró en Tzintzuntzan como un acto mismo de postura para la descentralización de actividades de fomento y fortalecimiento del que muy pronto estaremos recibiendo los hallazgos que orienten la vida colectiva de la comunidad de SCO en el estado.
Es fácil intuir el trabajo que tenemos por delante sabiendo que la articulación del sector es retadora, que el escenario actual está envuelto en la transición de mandatarios públicos. Sin embargo, nos mueve la convicción de que #TrabajamosPorUnMundoMejor.
Referencias:
López, J. (2020). Financiamiento y sostenibilidad de las OSC en Michoacán. Revista de Economía y Sociedad, 15(2), 112-127.
SAT, (2020-2023). Informe de transparencia de las Donatarias Autorizadas del 2020-2023. Servicio de Administración Tributaria. https://www.sat.gob.mx/consultas/70079/consulta-la-informacion-proporcionada-por-las-donatarias-autorizadas-respecto-de-la-obligacion-de-transparencia
Pérez, M., & Gómez, L. (2019). Desafíos sociales y económicos en Michoacán: El rol de las OSC. Estudios Regionales, 10(3), 55-72.
Zamora Aguilar, María Guadalupe. (2018). El desarrollo organizacional como generador de un cambio significativo en las organizaciones de la sociedad civil. Extremeña de Ciencias Sociales «ALMENARA» (1)10. Pp. 87-109. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6415690
