Por Jennifer Zehner y Daniel Revilla
Fotografía: iStock
Como organización de la sociedad civil (OSC) seguramente has enfrentado varios retos en tu vida institucional: La constitución legal de tu organización, el conseguir, mantener o no poder recibir fondos por no contar con el atributo de donataria autorizada, en el cumplimiento de los informes de transparencia, pagar más impuestos por no tener una CFDI, al abrir o mantener una cuenta bancaria y un sinfín más.
¿Y todos estos retos y sobreregulación a qué se debe? Esta situación responde a una falta de fomento de las actividades de las OSC, sin embargo, qué entendemos por fomento. Es importante reconocer que las organizaciones son actores que trabajan por un interés público, es decir, por un bien colectivo como el derecho al matrimonio igualitario, la eliminación de la violencia de género, la defensa de la tierra, en contra del cambio climático y muchas otras causas.
Además, este bien colectivo también promueve y asienta los derechos humanos de grupos históricamente excluidos, trabajando para que el gobierno y las políticas públicas representen y protegen los derechos de estas personas. Algunos ejemplos pueden incluir el reconocimiento de las personas afromexicanas, la igualdad de las mujeres, los derechos de las juventudes, entre otros.
¿Por qué es importante fomentar las actividades de la sociedad civil por parte del Estado?
El 9 de febrero celebramos el vigésimo aniversario de la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (de aquí en adelante, Ley de Fomento) en México. Promovido por las mismas organizaciones de la sociedad civil, esta ley ha sido fundamentada en tres puntos esenciales: 1) el reconocimiento de las OSC como entidades privadas con interés público; 2) el otorgamiento de estímulos y apoyos económicos por parte del gobierno; y 3) el reconocimiento de su derecho a participar activamente en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.
¿Cuál es el presente de la Ley de Fomento?
En el presente, como mencionamos arriba, nos enfrentamos a un panorama complejo en la aplicación de la Ley de Fomento, ya que en la realidad se han sostenido en estos últimos años acciones regresivas en su implementación . Las dos más grandes –aunque no las únicas– han sido la emisión de la Circular Uno y la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).
La emisión de la Circular Uno en 2019 canceló el programa de Coinversión Social y así los apoyos públicos para las OSC. En su lugar, se optó por canalizar este recurso directamente a grupos vulnerables, complejizando el desarrollo de estrategias y la intervención especializada de las OSC en atención a distintas problemáticas estructurales. En esencia, se optó por una política centrada en la asistencia social en el corto plazo, en lugar de promover prácticas más amplias que pueden amplificar los alcances de la la democracia y el avance de los derechos humanos (la articulación de ambas estrategias puede atender diversos problemas desde varios frentes).
A lo largo de sus 20 años el Indesol tuvo como misión “fomentar la participación ciudadana y la organización social y comunitaria”.¹ A inicios de 2022, Indesol fue paulatinamente desapareciendo mediante un decreto presidencial y reducido a una dirección dentro de la Secretaría de Bienestar, otro síntoma grave de un debilitamiento en el fomento a las organizaciones. Si bien el Indesol tenía áreas de oportunidad a fortalecer, fue una institución pública que tendió puentes entre las organizaciones y el gobierno.
Por otro lado, también es importante reconocer que a nivel estatal se han llevado a cabo acciones significativas en favor del fomento de las organizaciones en el país. Un caso emblemático es el de Chihuahua, donde las leyes estatales de fomento para las OSC reconocen la relevancia de su participación pública. Estas leyes buscan promover e incluir a aquellas agrupaciones que no necesariamente se constituyen legalmente, considerándolas parte fundamental de la vida democrática del estado. Estos logros forman parte de la política y el activismo de las propias OSC y de las personas que defienden causas.
Chihuahua es un ejemplo de una política de fomento que puede retomarse para implementarse a a nivel federal, ya que es crucial que para acceder a estos derechos que la ley otorga las organizaciones no requieran de una formalidad legal. En estricto sentido al obtener personalidad jurídica las OSC sólo adquieren la capacidad para celebrar contratos y acuerdos, arrendar bienes o establecer otros vínculos legales con diferentes actores, ya sean del ámbito privado o público.
Aquí es cuando la cualidad de fomento adquiere relevancia, pues al permitir la flexibilidad e incorporación de movimientos sociales, colectivas o redes que no están constituidas legalmente, por cuestiones tanto administrativas como por convicción, estas figuras cuenten con la libertad de acceder a ciertos beneficios públicos como programas de capacitación, desarrollo institucional y recursos económicos para cumplir con su objetivo.
¿Y qué tendríamos que hacer para que exista más fomento a las acciones de las OSC?
Actualmente los retrocesos que han atravesado las OSC son justificados por discursos estigmatizantes que posicionan a las organizaciones como intermediarios innecesarios (y posiblemente corruptos) o instrumentos de gobiernos extranjeros con intereses intervencionistas. Esta retórica pone en una situación vulnerable a las organizaciones civiles en el país.
Como OSC es sumamente importante concientizarnos y conocer nuestros derechos, porque ya entendemos bien cuáles son todas nuestras obligaciones. La libertad de asociación, reunión y manifestación son derechos humanos que tenemos que defender, tal como defendemos nuestras diversas luchas. Y para poder seguir haciendo nuestro trabajo es necesario impulsar la creación de entornos habilitantes y marcos legales que faciliten nuestra operación, creación y existencia.
¹ Alternativas y Capacidades. (2022). Leyes y apoyos de gobiernos estatales para fomentar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en México [PDF].
Bibliografía:
