Como resultado del Primer Encuentro de Mujeres Negras de América Latina y el Caribe, celebrado en República Dominicana el 25 de julio de 1992, la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas y afrocaribeñas lograron el reconocimiento de dicha fecha como el día internacional de la Mujer afrodescendiente latinoamericana y caribeña. En el marco de su conmemoración, reconocemos la lucha de las mujeres negras de América Latina y el Caribe en contra del machismo, clasismo y racismo. Así mismo, y con mayor urgencia en tiempos de la crisis por la emergencia sanitaria, el acceso a sus derechos debe ser obligado para garantizar una vida libre de violencia y desigualdad.
Desde la confirmación del primer caso por Covid-19 en México, las poblaciones vulneradas por la desigualdad social han sufrido sus consecuencias con mayor magnitud. Estos sectores han dejado de recibir muchos de los recursos otorgados por parte del gobierno, pues han sido destinados a cubrir las demandas de la crisis sanitaria.
Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), redes y colectivas se han posicionado como uno de los más grandes esfuerzos para resarcir las condiciones vulnerables de la población. Sin embargo, con el antecedente de los recortes presupuestales destinados a este sector por parte de la administración actual y la creciente demanda de sus servicios y apoyos, la labor de las organizaciones se enfrenta a retos aún mayores.
Una de las crisis sociales más notables ha sido el aumento de la violencia en los hogares. Desde el mes de marzo, cuando comenzó el confinamiento a nivel nacional, la Red Nacional de Refugios reportó un aumento del 80% en las llamadas de auxilio y orientación a mujeres víctimas de violencia. En el mismo periodo, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 12,000 llamadas de emergencia más, con respecto al mes anterior, por causa de violencia familiar.
Las mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes víctimas de violencia, por su parte, son doblemente vulneradas. Las herramientas disponibles para la búsqueda de justicia se ven disminuidas o de difícil alcance por causa de la marginación y la discriminación que viven. Así, frente a la invisibilidad de la violencia en contra de este sector de la sociedad, las Casas de la Mujer Indígena o Afromexicana (CAMI) son una alternativa para la garantía de sus Derechos.
Las CAMI apoyan a las mujeres indígenas y afromexicanas por medio de asesoría legal y atención médica. Aunque dichas casas son una herramienta necesaria para contrarrestar la violencia de género, el 3 de abril el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) anunció la suspensión presupuestal destinada a estas entidades. Ante la creciente demanda de su apoyo durante la crisis sanitaria, sin este recurso económico, la operación de las Casas de apoyo se dificulta de forma significativa.
De acuerdo con la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, durante el primer trimestre del 2020, las CAMI atendieron más de 1,111 casos de violencia de género y más de 24,000 durante el 2019. Muchas de estas casas han continuado con su operación, a pesar de los recortes, pues implican la única vía de acceso a una vida libre de violencia para muchas mujeres indígenas y afromexicanas.
El Centro de los Derechos de la Mujer Nääxwiin es una de las 35 Casas de la Mujer Indígena que existen en el país que ha desarrollado su trabajo y trayectoria en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Su objetivo es visibilizar la exclusión y discriminación que viven las mujeres indígenas e incidir en las instituciones y las comunidades para que las mujeres puedan ejercer sus derechos.
Hace unos años tuvimos la oportunidad de sistematizar el proceso de incidencia de Nääxwiin, encontrando que, esta organización ha generado transformaciones en el gobierno fomentando la comunicación abierta entre la OSC y el gobierno involucrados en la problemática y logrando que algunas dependencias adoptaran una visión y un modelo de trabajo integral en atención a las mujeres indígenas.
Sin el apoyo y trabajo de la sociedad civil organizada, las mujeres indígenas y afrodescendientes que viven violencia enfrentarían mayor invisibilidad y vulneración de sus derechos. Aún en tiempos de crisis es necesario fortalecer el sector de OSC para que, a través de la organización y redes de apoyo, la vida libre de violencia sea una realidad para las mujeres en México.
Por Israel Aguilar Esquivel
