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Coautores: Daniel Revilla, Fernanda Pozas
La diversidad de movimientos sociales en México ha sido importante para los cambios políticos y sociales del país, abriendo espacios de participación y obteniendo derechos que fortalecen la construcción de una democracia. Entre estos movimientos, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han enfrentado desafíos burocráticos recientes, lo que complica su capacidad para operar y alcanzar sus metas. Los desafíos comprenden: la eliminación de fondos públicos a nivel federal, reglas fiscales restrictivas, poca inclusión en el sistema bancario, la desaparición de instituciones que servían como puentes con la administración pública, la aplicación subjetiva de las normas que les afectan y una constante desconfianza hacia su labor. Estas prácticas no se atribuyen a un determinado sexenio, sino que parecen reflejar un patrón en la región del debilitamiento de los mecanismos alternativos de participación ciudadana y la diversidad de movimientos sociales, elementos esenciales para una democracia sana.
El propósito de esta breve recapitulación es describir algunas de estas prácticas, las cuales, aunque no siempre se reconocen oficialmente, constituyen obstáculos importantes para la sostenibilidad de las OSC en México.
Limitación a la participación en el espacio público (Asfixia democrática)
La Ley de Fomento para las Actividades de las OSC en 2003 posibilitó la creación del INDESOL, una institución pública que sirvió como puente con el gobierno, además de un programa de fondos públicos a nivel federal que promovió la participación activa de las organizaciones en el ciclo de políticas públicas con propuestas. Sin embargo, con los años, los recursos destinados fueron disminuyendo y el número de organizaciones beneficiadas también se redujo. En 2019, mediante la circular uno, el gobierno federal extinguió todos los recursos públicos para estos actores, restringiendo sus fuentes de financiamiento públicas y desincentivando a muchas organizaciones a inscribirse en el Registro Federal.
Esta creciente limitación de los puentes institucionales y la reducción de recursos es una de las maneras indirectas de disminuir el espacio de participación de las OSC. Un reto importante en este contexto es que estos mecanismos reflejan la utilidad percibida por los gobiernos en turno, limitando el espacio cívico y su relación con él a una lógica dicotómica de aliados y enemigos.
Desafíos de credibilidad y reconocimiento (Difamación como estrategia)
Las OSC han sido constantemente descalificadas en el último sexenio, argumentando que tienen una agenda oculta, que son financiadas por grandes empresarios o intereses extranjeros que buscan desestabilizar al gobierno actual y que son representantes exclusivos de las clases altas. Debido a la alta popularidad del gobierno actual, este discurso ha ganado amplia aceptación en la sociedad, pero ha afectado negativamente la confianza hacia ellas.
Cabe destacar que esta narrativa difamatoria no es exclusiva de este sexenio; las estrategias de difamación han persistido a lo largo de los gobiernos, variando en forma pero manteniendo un fondo constante. La principal consecuencia de este patrón es la estigmatización de la lucha de las personas activistas y las OSC por parte de la ciudadanía en general, fortalecida por una cobertura mediática que se centra en sus formas de protesta y resistencia y no necesariamente en la lucha legítima por los derechos.
Además, estas narrativas crean una percepción homogénea de lo que significa la Sociedad Civil, olvidando la diversidad y el espectro de ideas que conforman este universo, generando rechazo y confusión en las personas que no están familiarizadas con estos espacios. En este sentido, se ve mermada la capacidad de acción de las OSC frente a las instituciones y, paralelamente, se golpea el reconocimiento social de toda propuesta nacida desde ellas.
No debemos olvidar que muchos de los derechos y espacios ganados en pro de una vida democrática provienen de las luchas colectivas de las organizaciones y movimientos sociales, como la marea verde, las leyes en contra de la ciberviolencia como la Ley Olimpia, o la lucha por jornadas laborales más justas como las 40 horas.
Obstáculos fiscales y bancarios para las OSC (Fiscalidad y Bancos)
Aunque en México existen normas y leyes que permiten fiscalizar a las organizaciones con el estatus de donatarias, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas, en la práctica, algunas de estas leyes resultan muy rigurosas. Un ejemplo de ello son las sanciones impuestas por el SAT en el marco de la ley antilavado. Cada falta en la documentación requerida puede traducirse en multas exponenciales, resultando en cifras millonarias para algunas organizaciones.
Otro caso es la restricción para la presentación de la contabilidad electrónica de las donatarias autorizadas. Anteriormente, se les permitía enviar su contabilidad a través del aplicativo “Mis Cuentas” si sus ingresos eran iguales o menores a dos millones de pesos. Esta facilidad fue eliminada en 2021, obligando a las donatarias autorizadas a presentar su contabilidad de manera más compleja. Entre 2018 y 2023, 6 de cada 10 donatarias se encuentran en ese rango de ingresos, lo que hace esta medida particularmente costosa para una parte importante de estas organizaciones.
Estas modificaciones unilaterales al reglamento se traducen en una carga fiscal y administrativa considerable para las organizaciones, comprometiendo sus recursos y sostenibilidad, y en algunos casos, llevándolas a su desaparición. Además, las modificaciones fiscales recientes también afectan la cultura de la filantropía individual. A finales de octubre de 2021, el Senado de la República aprobó modificaciones al artículo 151 de la LISR como parte de la Miscelánea Fiscal 2022, limitando los donativos deducibles en la declaración de personas físicas. Esta medida restringe los incentivos fiscales para quienes apoyan causas sociales, impactando negativamente el desarrollo de la cultura de donación en el país y afectando la sostenibilidad de miles de donatarias.
Por otra parte, el sector bancario también discrimina el acceso a servicios financieros para las organizaciones. La apertura de una cuenta bancaria como persona moral puede resultar complicada si no se cumplen ciertos requisitos, limitando así las opciones de las organizaciones para incorporar a su personal a la nómina, acceder a instrumentos financieros o tener la oportunidad de contar con un crédito ante eventuales emergencias.
Entonces, ante un entorno tanto fiscal como de acceso a servicios bancarios restrictivos, estas dinámicas no incentivan la formalización y sostenibilidad de las OSC, ya que solo las organizaciones con características suficientes para cumplir con todas las reglas fiscales pueden sobrevivir, en detrimento de las más locales o pequeñas. Aunque las medidas de piso común pueden resultar útiles, esto nos recuerda que existen limitaciones para el desarrollo de organizaciones incipientes y otras formas de organización, creando una desigualdad en el sector.
Conclusiones
Los desafíos burocráticos que enfrentan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en México reflejan un patrón persistente de obstáculos que dificultan su operatividad y sostenibilidad, y esto en consecuencia debilita su presencia y actividades en el espacio cívico.
Poder reconocer y abordar estos obstáculos, que oficialmente no son visibles, es crucial para revitalizar el papel esencial de las OSC en la promoción de derechos, la justicia social y la participación democrática, y permitir crear un espacio donde cada vez sean más sostenibles. Solo mediante un entorno más inclusivo y equitativo las organizaciones podrán cumplir su misión de fortalecer la democracia y promover el bienestar común.
Fuentes:
