Autora: Georgina Jatzire Arévalo Pacheco, coordinadora en gestión del conocimiento en Dakshina A.C.
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En México, la figura de fiscal sponsor no está específicamente regulada en el marco legal, a diferencia de otros países como Estados Unidos donde esta práctica es común y claramente definida. Sin embargo, en el contexto mexicano, es posible establecer acuerdos similares a través de convenios de colaboración entre organizaciones, en los cuales una organización de la sociedad civil (OSC) con personalidad jurídica y autorizaciones fiscales vigentes actúa como intermediaria para recibir donaciones y fondos en nombre de otra entidad o proyecto que aún no cuenta con estas formalidades. Este tipo de arreglos debe ser cuidadosamente estructurado para cumplir con las regulaciones fiscales y legales existentes, incluyendo la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR) y las disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para evitar problemas legales y asegurar la transparencia y buen uso de los recursos.
Aunque antes de continuar se debe analizar, ¿a qué se le llama fiscal sponsor? Un fiscal sponsor es una entidad que permite a proyectos u organizaciones que no poseen el estatus de entidad exenta de impuestos recibir donaciones deducibles fiscalmente a través de su propia estructura legal y fiscal. En este arreglo, el fiscal sponsor asume la responsabilidad de la gestión financiera y el cumplimiento de las obligaciones fiscales del proyecto beneficiario, proporcionando una plataforma administrativa y regulatoria que facilita el acceso a fondos y donaciones. Esta práctica es común en países como Estados Unidos, donde está regulada, aunque en México no tiene un marco legal específico (McLaughlin, 2009).
Un sponsor también puede ser conocido por otros nombres, dependiendo del contexto y la región del país. Algunos términos comunes utilizados para referirse a esta figura son patrocinador fiscal, aval fiscal, representante, habilitador, intermediario fiscal, pase fiscal o pase administrativo, los cuales describen a una organización que se encarga de recibir donativos en nombre de otra organización sin fines de lucro que no posee la autorización de donataria autorizada. El intermediario fiscal se encarga de canalizar los recursos recibidos a la OSC beneficiaria.
Así un sponsor fiscal es habilitante de proyectos sociales al proporcionar una estructura legal y administrativa que permite a iniciativas sin fines de lucro recibir fondos y donaciones que, de otro modo, no podrían acceder debido a la falta de reconocimiento fiscal oficial. Este patrocinio fiscal facilita que los proyectos puedan operar bajo la tutela legal del sponsor, beneficiándose de su estatus de exención de impuestos y de su capacidad para emitir recibos deducibles. Además, maneja la contabilidad, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la gestión de fondos, lo que permite que los proyectos se concentren en sus actividades centrales y objetivos sociales (Gregory & Howard, 2009).
Asimismo,desempeña un papel crucial en la legitimación y credibilidad de los proyectos sociales, dado que los donantes e inversionistas tienen mayor confianza en apoyar iniciativas que están respaldadas por una organización establecida y con buena reputación. Esta relación no solo facilita la captación de recursos, sino que también ofrece a los proyectos acceso a redes, mentorías y recursos adicionales que pueden ser fundamentales para su desarrollo y sostenibilidad. Al proporcionar estas herramientas y apoyo, se convierte en un catalizador para el crecimiento y éxito de los proyectos sociales, permitiendo que estos generen un impacto significativo en sus comunidades (Colvin, 2017).
Además, los proyectos sociales nuevos o aquellos que no tienen la capacidad de abordar las tareas de cumplimiento, pueden optar por algún modelo de pase que consideren viable para cada caso, como se muestra a continuación:
Considerando lo anterior se puede concluir que, a pesar de la inexistencia de un marco legal específico en México, la figura del fiscal sponsor representa una oportunidad para gestionar proyectos sociales dentro del sector de la sociedad civil organizada. Este modelo de gestión permite identificar diversas formas de administrar recursos económicos, administrativos y contables, optimizando la ejecución de proyectos sociales de manera oportuna y eficiente. El fiscal sponsor se encarga de cumplir con las responsabilidades legales, fiscales y contables, permitiendo que los proyectos se concentren en sus objetivos centrales.
Sin embargo, la ausencia de una normativa específica para su operatividad en México crea incertidumbre entre las organizaciones. Muchas intentan ajustarse a los lineamientos del SAT de manera intuitiva, pero carecen de un modelo estructurado que las guíe y les evite posibles dificultades en su implementación. Esta falta de regulación precisa puede complicar la gestión y sostenibilidad de los proyectos sociales, donde destaca la necesidad de desarrollar un marco legal adecuado que brinde claridad y apoyo a las organizaciones que buscan adoptar esta figura.
Referencias:
