Valería Enríquez y Jennifer Zehner
Fotografía: iStock
El viernes pasado conmemoramos el #8M, un día en el que las mujeres de México y América Latina salimos a las calles para exigir justicia y equidad en una realidad altamente desigual. Salimos a las calles para hacer presencia física y visibilizar las brechas y las violencias que aún nos afectan, pero también salimos a las calles porque es un derecho fundamental protegido en el artículo 9 de la Constitución mexicana: el derecho de reunirnos y asociarnos de manera pacífica. Sin embargo, este derecho es a menudo cuestionado, ya que las mujeres activistas son vistas como subversivas y sus exigencias son descalificadas. A lo largo de la historia, el activismo de mujeres y otros grupos disidentes ha sido impugnado e incluso recibido con violencia al desafiar el sistema patriarcal.
Así observamos una reducción del espacio cívico relacionado con la participación de las mujeres y los temas de género, ya que se intenta silenciar de manera estructural su activismo. Cuando esto pasa, las mujeres trabajan en silos, pierden sus redes de apoyo y son más vulnerables. Apesar de estos retos, el activismo de las mujeres ha traído grandes contribuciones para contar con políticas públicas más equitativas y justas, como la despenalización del aborto, la tipificación del feminicidio como un delito, la Ley Ingrid, entre muchas otras.
Todavía persisten desafíos en las luchas feministas en el país, ya que a pesar de la alta presencia de mujeres en la sociedad civil organizada (SCO) es limitada su participación en puestos directivos. Es esencial que nos integremos en más espacios de toma de decisiones. En México, para el año 2022, había 1.04 millones de personas empleadas en organizaciones de la sociedad civil, de las cuales el 64% eran mujeres. Por otro lado, en países como Estados Unidos aunque las mujeres representan el 75% de la fuerza laboral del sector sin fines de lucro, son pocas las que acceden a cargos directivos en organizaciones de gran tamaño con amplios presupuestos.
Este panorama refleja una brecha persistente en la representación de las mujeres en posiciones de liderazgo al interior de la sociedad civil y es aún más simbólico que desde la SCO se tomen medidas para impulsar cambios sistémicos.
Para alinearnos a estos esfuerzos de cambio, en Alternativas y Capacidades hemos adoptado el modelo de liderazgo compartido a través de una co-dirección ejecutiva liderada por dos mujeres. Este enfoque busca alinearse una visión feminista y de justicia social que transforme las estructuras de desigualidad y promueva la creación de nuevas realidades a través de la colaboración, la co-creación y la transparencia.
La decisión de incorporar esta nueva estructura busca ejercer la complementariedad, el balance y la transformación hacia sistemas más abiertos, equitativos y flexibles con el sueño de que con ello, se fortalecerá aún más la organización y su impacto. Por un lado, creemos que habrá mayor sostenibilidad y resiliencia, ya que este modelo ayuda a combatir el silencio y el burnout que muchas veces afecta a las mujeres. Por otro lado, creemos que una visión de dos mujeres de procedencias y formaciones distintas nos ayudará a ampliar la interseccionalidad de nuestro trabajo y llegar a más personas.
Además, con esta visión estaremos trabajando para lograr cambios sistémicos a través del aprendizaje conjunto, de la alineación e integración de acciones, de sumar fuerzas y de ejercer y llevar a la acción esas palabras que leemos tanto en el mundo de la sociedad civil: la colaboración, la horizontalidad y la co-creación.
Si queremos verdaderamente generar cambios externos, es necesario realizar cambios internos. Aunque pueda parecer obvio, nada va a cambiar mientras sigamos repitiendo las mismas tácticas, los mismos errores, las mismas inercias. Es así que apostamos por un liderazgo compartido que desafía el status-quo, que amplía nuestras voces y nuestros lugares en puestos de la toma de decisión. ¡Así es como decimos #JuntasSomosMásFuertes!
Referencias:
